En un giro sorprendente, Marcelo René Escamilla Martínez, exsubsecretario de Política Social de la pasada administración y exdiputado local de la LX Legislatura, se encuentra bajo la mira de la Procuraduría de Justicia, que busca obtener una orden de aprehensión en su contra por el presunto desvío de 22 millones de pesos.
La investigación, llevada a cabo por la Unidad Especial encargada del llamado maxiproceso, ha recabado testimoniales, pruebas contables y periciales que podrían respaldar la solicitud de orden de aprehensión. En el expediente se señala la posible implicación de dos funcionarios más de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), hoy Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SEBISO), entre ellos Jaime Onésimo Pedrín Rojas, director general de Administración.
Desde que se inició la carpeta por el delito de peculado hace varios meses, Escamilla Martínez habría sido advertido, lo que lo llevó a interponer una demanda de amparo en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, registrada en el expediente 1290/2023. En su solicitud de amparo, el exfuncionario pidió protección contra las acciones de Santiago Nieto, encargado de la Procuraduría Estatal, y cualquier otra autoridad.
Fuentes al interior de la Procuraduría revelaron que se vieron obligados a «bajar el perfil» de la investigación, sugiriendo influencia desde instancias gubernamentales que abogaban por la inocencia de Escamilla Martínez. A pesar de los señalamientos de manipulación de formatos y padrones de beneficiarios del Programa Empleo Temporal, que habrían facilitado el desvío de los fondos, se insistía en la inocencia del exsubsecretario.
Escamilla Martínez no solo buscó respaldo legal, sino que también trató de ganar el apoyo de figuras prominentes como el exsecretario de Salud Pedro Luis Noble Monterrubio y el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Miguel Ángel Tello Vargas. Incluso presumió de tener una sociedad con Tello Vargas y de haber colaborado en actividades de asesoría y enlace con empresarios durante la campaña electoral del 2022 y los primeros meses del actual gobierno.
Si la Procuraduría Estatal logra la solicitud de orden de aprehensión, los días de libertad de Escamilla Martínez podrían estar contados, incluso con el amparo que ha buscado. Esto también aumentaría la presión sobre Daniel Jiménez Rojo, extitular de Sedeso, quien habría validado el pago a beneficiarios fantasmas y se vería envuelto en las consecuencias del presunto desvío millonario.
