En una zona afectada por el robo de hidrocarburo, el 6 de septiembre pasado, las aguas del río Tula se desbordaron en la Ciudad de los Atlantes, lo que causó afectaciones en viviendas, establecimientos comerciales y la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde 16 pacientes perdieron la vida tras colapsarse el servicio de energía eléctrica.
Aunque en un inicio el gobierno federal señaló que la salida del cauce de dicho afluente se debió a las lluvias que cayeron sobre el Valle del Mezquital y Ciudad de México, fue hasta el 15 de noviembre, más de un mes después de la tragedia, que autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconocieron que fue producto del escurrimiento de ríos, presas y obras de desagües de la capital del país e Hidalgo.
Según un informe emitido por la dependencia federal, las intensas precipitaciones registradas entre el 2 y 5 de septiembre propiciaron “grandes escurrimientos” en la Sierra de Guadalupe, que se conjugaron con la saturación del drenaje de Ecatepec, inundando subestaciones y equipos de bombeo; asimismo, se colapsaron los drenes Chimalhuacán y Cartagena y se reportaron incrementos en los niveles de las presas de Hidalgo, provocando derrames.
Ese conjunto de hechos, afirmó la dependencia, provocaron “escurrimientos extraordinarios” con descarga hacia el río Tula, lo que dio como consecuencia un “evento súbito, incontrolable e inevitable”.
Antes de que la Conagua reconociera que el afluente se desbordó por escurrimientos y no por las lluvias, el ingeniero civil y doctor en Antropología de origen estadunidense Dean Chahim sostuvo en una columna publicada en el diario The Whasington Post que la tragedia ocurrida no fue producto de un fenómeno natural ni un hecho aislado, sino un efecto predecible, resultado de un manejo político de la red de drenaje del Valle de México.
Enfatizó que el sistema siempre ha privilegiado las zonas céntricas y de mayor plusvalía, mientras que las regiones periféricas y marginadas han sido sacrificadas, ya que la Conagua tiene control sobre los flujos de agua que llegan del drenaje profundo del Valle de México al del Mezquital.
A mediados de noviembre, la comisión estableció acciones para reducir riesgo de inundaciones en nueve municipios, entre ellos Tula, que comprenden planes de acción a corto, mediano y largo plazo para la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.
Entre otras acciones, se dará continuidad a acciones de atención a las afectaciones a los sistemas de agua potable de la región. Adicionalmente, se llevará a cabo un diagnóstico y recorrido físico para revisar las condiciones de dicha infraestructura.
En una segunda etapa, se realizará, en coordinación con las autoridades municipales, el Sistema de Aguas de Ciudad de México (Sacmex), la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) y la Conagua, una planificación y protocolo de operación del sistema hidrológico de la zona metropolitana del Valle de México e Hidalgo.
La región Tula-Tepeji ha sufrido impacto al medio ambiente a partir de la década de los 70, con la operación de la presa Endhó, la refinería Miguel Hidalgo y la termoeléctrica Francisco Pérez.
Posteriormente, vino la instalación de diversas empresas de la industria cementera, procesadoras de alimentos, plásticos y productos agroquímicos, así como la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras, que, en conjunto, generan un impacto al ambiente que hace que la zona sea prácticamente inhabitable, según la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Fuente: Yuvenil Torres
Criterio Hidalgo
